Nous vous invitons à prendre connaissance et à diffuser cette importante déclaration des organisations de producteurs de la Caraïbe contre la mise en route des accords de Partenariat Économique. Cette résolution a été adoptée lors d’une réunion sous-régionale qui s’est tenue à Santo Domingo en République Dominicaine, le 21 septembre 2006
DECLARACION FINAL DE LA SOCIEDAD CIVIL CARIBEÑA ANTE LAS NEGOCIACIONES DE LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA
(AAEs/EPAs) ENTRE LA UE Y LOS PAÍSES DEL CARIBE
Santo Domingo, 21 de septiembre de 2006
Preámbulo. Las organizaciones de pequeños productores y productoras agrícolas, de mujeres, empresarios y empresarias, instituciones académicas, jóvenes, ONGs nacionales e internacionales, de la región Caribe, reunidos en Santo Domingo expresamos frente a la 5ª ronda de negociación de los EPAs lo siguiente:
• Consideramos que estas negociaciones se enmarcan y profundizan el mismo modelo que ha impuesto la liberalización comercial, la desregulación del capital, la reducción de los estándares laborales y no se
ha traducido en bienestar para los pueblos ni para la eliminación de la pobreza mientras que sí ha producido la erosión de las políticas públicas, especialmente de las políticas sociales.
• Consideramos que la razón de fondo de estas negociaciones está fundamentada en las estrategias de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea de colocar en la vía bilateral y regional temas que no pudieron imponer en el marco de la OMC. La liberalización profunda y la inclusión de temas que no han sido negociados en el ámbito multilateral amenazan el espacio político que los países caribeños necesitan para promover su desarrollo presente y futuro.
• El sistema preferencial existente con la Unión Europea ha contribuido a garantizar un mercado estable para los países ACP, pero ha fomentado el mantenimiento del modelo económico monoexportador y proveedor de materias primas, que no ha contribuido a mejorar las condiciones de vida,
ni ha incentivado el desarrollo ni la diversificación productiva. Nos preocupa que la pretensión de reemplazar un trato preferencial por un trato recíproco en las negociaciones comerciales no tome en cuenta las
asimetrías existentes y solo nos lleve a un trato más desfavorable para los países caribeños.
• Por otra parte, la eliminación de los aranceles llevaría a una disminución de los ingresos fiscales debilitando la capacidad de los Estados para impulsar políticas sociales con miras a la reducción de la pobreza.
• La liberalización comercial, cuando aún no está resuelto el tema de los subsidios que Europa da a sus productores promoviendo la exportación a precios por debajo de los costos de producción, constituye una amenaza real para los pequeños productores de lácteos y otros productos sensibles
en el Caribe. Además, se sigue limitando el acceso al mercado europeo, a través del mantenimiento de la las barreras no arancelarias, para productos con mayor valor agregado.
• En este proceso la participación ha estado limitada a unos pocos sectores con poder económico, con acceso a la información y con capacidad de incidencia, que además son los únicos que tienen posibilidad de beneficiarse en el contexto del libre mercado.
LAS NEGOCIACIONES DE LOS AAEs/EPAs TAL Y COMO ESTAN
PLANTEADAS SE DEBEN DETENER.
Por estas razones exigimos a los gobiernos asegurar que:
1. El cumplimiento efectivo de los derechos humanos debe estar por encima de los aspectos comerciales en cualquier negociación.
2. La inversión en el mejoramiento de las capacidades e infraestructuras productivas nacionales debe ser la prioridad de las políticas económicas y de cooperación de los gobiernos caribeños y de la Unión Europea.
3. Los países caribeños tengan el derecho y el deber de promover la soberanía alimentaria a partir de la protección de los productores y productoras agrícolas e industriales, especialmente los pequeños.
4. Los países caribeños tengan el espacio para las políticas públicas de desarrollo, incluyendo el acceso a mercados, las compras gubernamentales, una política industrial y de servicios y la regulación apropiada de las inversiones extranjeras y de las actividades de las
empresas transnacionales.
5. La integración regional caribeña no esté sometida a una agenda de libre comercio. La integración debe ser un proceso que contribuya al desarrollo de los mercados locales, nacionales y regionales.
En este contexto llamamos a los distintos sectores de la sociedad a informarse y movilizarse para detener las negociaciones en su forma actual. A la vez, nos
comprometemos a trabajar juntos en la formulación de propuestas alternativas y para reorientar el rumbo de las relaciones comerciales y de desarrollo entre los
países de la Unión Europea UE y la ACP.
Organizaciones firmantes:
FEFLAS, UNACAFE, MUDE, CEMUJER, CEDEPAR, MOVIMIENTO
CAMPESINO, FELAINMAT, CEAJURI, CONFEDERACION DE
ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y URBANAS (EL RETOÑO),
VETERINARIOS SIN FRONTERAS, FEDERACION DE MUJERES EN
DESARROLLO DE GUERRA, ASOCIACION DE PROMOTORES PECUARIOS
Y SALUD ANIMAL, INSTITUTO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LA
AUTOGESTION, IDEAC, FLACSO, INTERMÓN-OXFAM
FINAL DECLARATION OF CARIBBEAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS REGARDING ECONOMIC PARTNERSHIPS AGREEMENTS (EPAs) BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND CARIBBEAN COUNTRIES.
Santo Domingo, September 21st, 2006.
Preamble: Organizations of small agricultural producers, women, business leaders, academic institutions, youth, national and international NGO’s from the Caribbean region gathered in Santo Domingo for the Fifth round of EPA
negotiations declare the following:
• The model of trade liberalisation, deregulation of capital and erosion of labour standards has not translated into an improved standard of living for the people nor has it eliminated poverty, rather it has led to the weakening of public policies, particularly social policies. We think that these negotiations are framed in and deepen the same model.
• We consider that the rationale behind these negotiations is based on the US and European governments’ strategy to push through bilateral and regional agreements issues that they were not successful in imposing within the framework of the WTO. Deep liberalisation and inclusion of issues, which have not been negotiated at a multilateral level, threaten the policy space the Caribbean countries need in order to promote their present and future development.
• The existing system of preferences with the EU has contributed to securing a stable market for ACP countries, but it has favoured the continuation of a mono-exporting economic model providing raw materials. This has not contributed to improved living conditions, nor has
it encouraged development and the diversification of production. We are concerned that the attempt to replace preferential treatment by reciprocal treatment in the trade negotiations does not take into account the
existing asymmetries and would only result in a more unfavourable deal for Caribbean countries.
• On the other hand, the elimination of tariffs will lead to reduced fiscal revenues, thereby weakening states’ capacity to promote social policies aimed at poverty reduction.
• The implementation of trade liberalisation without resolving the issue of subsidies for European producers that lead to exports at below cost of production constitutes a real threat for small producers of dairy and other sensitive products in the Caribbean. In addition, tariff and non-tariff barriers to products with greater added value continue to limit access to European markets of Caribbean products.
• Participation in this process has been limited to a few economically powerful sectors with access to information and with a capacity to influence, who are the only ones able to benefit from free markets.
EPA NEGOTIATIONS AS THEY ARE CURRENTLY BEING PROPOSED
SHOULD BE STOPPED.
For these reasons we demand that governments ensure that:
1. Effective compliance with basic human rights should take precedence over trade aspects in any such negotiations.
2. Investment in improved national productive and infrastructure capacities become the priority of economic and cooperation policies of the Caribbean and European Union governments.
3. Caribbean countries have the right and obligation to promote food sovereignty by protecting agricultural and industrial producers, especially small producers.
4. Caribbean countries secure public policy space for development, including market access, government procurement, industrial policy, services, appropriate regulation of foreign investment and the activities of
trans-national companies.
5. Caribbean regional integration is not subjected to a free-trade agenda. Integration should become a process that contributes to the development of local, national and regional markets.
In this context we call upon the different sectors of society to inform themselves and mobilize to stop the negotiations in their present form. At the same time we
commit ourselves to work together to formulate alternative proposals and to redirect the course of EU and ACP trade and development relations.